La operación Burlao, con 21 detenidos y un fraude destapado de 24 millones, muestra el 'modus operandi' de la trama. El fraude comienza con la constitución de una operadora que, legalmente, adquiere hidrocarburos en los depósitos fiscales, una compra que está exenta de IVA. Ese combustible lo distribuyen a los minoristas —las gasolineras, fundamentalmente—, a los que repercuten un IVA del 21%. Hasta aquí, todo aparentemente legal. Porque ese impuesto repercutido no lo pagan a Hacienda, sino que lo compensan con un IVA soportado de otras actividades secundarias, generalmente ficticias, de empresas pantalla. De este modo, del IVA repercutido a los clientes restan el impuesto soportado por esas otras actividades y el resultado es un porcentaje mínimo a declarar a Hacienda, pero un beneficio máximo.
Las seis grandes operaciones llevadas a cabo por ambos organismos en buena parte del país se saldaron con 194 detenidos y 129 registros
La organización, dirigida por italianos, contaba con una actividad paralela a la de la operadora de hidrocarburos que, supuestamente, se dedicaba a la compraventa de metales preciosos, pero en realidad los paquetes que movía no contenían oro, como declaraba, sino cobre o curry. Al IVA repercutido a las gasolineras le restaban el soportado por esa actividad de compraventa ficticia y pagaban a Hacienda un porcentaje casi irrisorio.
Fue desarticulada a tiempo, porque, como explican a EFE los responsables de la investigación de la Guardia Civil, ya tenían en marcha dos operadoras más, dadas de alta para comenzar a funcionar, y su intención era adquirir gasolineras hasta contar con 100 en dos años. Si no hubiera sido por la operación de la UCO y la Agencia Tributaria, el negocio hubiera sido redondo, ya que la organización hubiera contado con clientes de su propiedad, que podrían haber entrado en el mercado con precios agresivos y 'engullir' a sus competidores.
Macrooperación en toda España por un fraude de adulteración del gasóleo
En la operación Reata, también de este mismo año y saldada con nueve detenidos y 11 millones defraudados, se demostró un 'modus operandi' más sencillo. La red compraba el combustible, lo distribuía con un IVA repercutido y no lo declaraba a Hacienda, que cuando lo reclamaba se encontraba con peticiones de prórroga, documentos falsificados o, simplemente, con la operadora ya desaparecida y testaferros ilocalizables.
Las tramas depositan casi todos sus beneficios ilícitos en cuentas ubicadas en el extranjero
Mientras, la organización constituía otra operadora que heredaba la cartera de clientes de su antecesora, pero cuyos vínculos era difícil demostrar. Ambas modalidades se codean con otra que, además, pone en peligro la salud de los motores: adulterar el combustible y venderlo como gasóleo A cuando es B, por ejemplo. Más de 100 detenidos y un fraude de 10 millones fue el resultado de la operación Nehar en 2014 en 23 provincias. Y muchas denuncias de coches dañados.
La operación Bashnya en 2012 (120 millones de fraude), la Walkers en 2013 (100 millones) y la Zelote en 2015 (15 millones) completan las seis actuaciones más importantes en el quinquenio. Si algo une a estas diferentes formas de fraude, además del combustible, es la dificultad para encontrar al jefe de la organización, escondido entre tanto testaferro, y la urgencia de recuperar la mayor cantidad posible de lo defraudado. Todas estas tramas depositan la mayor parte de sus beneficios ilícitos en cuentas ubicadas en el extranjero. A pesar de las comisiones rogatorias, no todos los países colaboran por igual y en varios casos es necesaria una negociación para que al menos retorne a España la mitad.
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